La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que amplía el canon por copia privada a los soportes digitales, finalizó su trámite parlamentario, tras la polémica surgida entre instituciones y usuarios respecto a una norma que regulará el dinero que los autores perciben por derechos de autor en los nuevos formatos.
El texto, aprobado en el Congreso de los Diputados por todos los grupos parlamentarios salvo PNV y ERC, que se abstuvieron, satisface las demandas de las entidades de gestión de los derechos de autor, pero se topa con el rechazo de grupos de usuarios.
La ley define qué es la copia privada y amplía el canon vigente desde 1992 para casetes y cintas de vídeo, a soportes digitales (DVD, CD, MP3, teléfonos móviles), excluyendo los discos duros de los ordenadores, las líneas ADSL y algunos soportes relacionados con la enseñanza.
La Sociedad General de Autores de España (SGAE) destacó que la norma, cuya tramitación ha durado más de un año, impone a partir de ahora que todos los soportes que puedan almacenar obras protegidas estarán gravados con el canon. Para la plataforma Todos contra el canon (que agrupa a los detractores de la nueva LPI), la norma, que no cuenta en su opinión con el respaldo de la sociedad, establece "injustamente un gravamen de forma indiscriminada".
"Un canon es una imposición múltiple, ya se pagan los derechos al comprar o adquirir el contenido, y se vuelve a pagar por almacenarlo en un dispositivo, o moverlo a través de una red de telecomunicaciones", añade la Asociación de Internautas en su web.
La nueva ley permite además el derecho de "cita" en los resúmenes de prensa, dentro de ciertas limitaciones. "Cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente, tendrá derecho a recibir una remuneración equitativa", dice el texto. "En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite", añadió.
El texto, aprobado en el Congreso de los Diputados por todos los grupos parlamentarios salvo PNV y ERC, que se abstuvieron, satisface las demandas de las entidades de gestión de los derechos de autor, pero se topa con el rechazo de grupos de usuarios.
La ley define qué es la copia privada y amplía el canon vigente desde 1992 para casetes y cintas de vídeo, a soportes digitales (DVD, CD, MP3, teléfonos móviles), excluyendo los discos duros de los ordenadores, las líneas ADSL y algunos soportes relacionados con la enseñanza.
La Sociedad General de Autores de España (SGAE) destacó que la norma, cuya tramitación ha durado más de un año, impone a partir de ahora que todos los soportes que puedan almacenar obras protegidas estarán gravados con el canon. Para la plataforma Todos contra el canon (que agrupa a los detractores de la nueva LPI), la norma, que no cuenta en su opinión con el respaldo de la sociedad, establece "injustamente un gravamen de forma indiscriminada".
"Un canon es una imposición múltiple, ya se pagan los derechos al comprar o adquirir el contenido, y se vuelve a pagar por almacenarlo en un dispositivo, o moverlo a través de una red de telecomunicaciones", añade la Asociación de Internautas en su web.
La nueva ley permite además el derecho de "cita" en los resúmenes de prensa, dentro de ciertas limitaciones. "Cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente, tendrá derecho a recibir una remuneración equitativa", dice el texto. "En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite", añadió.
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